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6 de septiembre de 2013

“Accidentes” dolosos


Los accidentes están a la orden del día. En cualquier momento y lugar, bajo cualquier circunstancia, usted, yo y cualquier michoacano podemos sufrir un accidente de fatales consecuencias, ahora me explico. Con motivo del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto y contradiciendo el discurso triunfalista de la Federación, las cifras le dan un revés y el descontento social se impone (entonces no se puede), pero la Presidencia de la República ha recurrido a la desinformación para apaciguar las aguas (entonces sí se puede). Así, mientras el gobierno de Calderón, el más infame de los michoacanos, justificaba la carnicería con la acotación “vamos ganando”, el de Peña Nieto recurre al encubrimiento mediático como estrategia en materia de seguridad: si no acaban con la violencia, esconden los muertos bajo la alfombra de las estadísticas oficiales, mientras en Televisa y TV Azteca se mantiene un cerco mediático para publicitar las bondades de abrir la industria energética a la inversión privada y denostar la lucha de los agremiados a la CNTE.
En su número 1922 con fecha del 1º de septiembre de este año, la revista Proceso publicó: “Los muertos que hablan”, versión resumida de una investigación realizada por el semanario Zeta, de Baja California, medio informativo fundado en 1980 por el ya fallecido periodista Jesús Blancornelas. En esa investigación, titulada “Primer Informe de Gobierno: Trece mil 775 ejecuciones”, Zeta da cuenta de la cantidad de asesinatos relacionados en mayor o menor medida con el crimen organizado en lo que va de estos meses de Peña Nieto al frente del Poder Ejecutivo de la Federación, para tal fin, confrontó datos oficiales de la Segob, la PGR, datos del Inegi, de las procuradurías estatales, de organizaciones sociales, de los forenses en las 32 entidades federativas y de medios impresos y digitales de todo el país.
Llama la atención que mientras Guerrero es el estado más violento de este sexenio, con mil 441 ejecuciones, y Acapulco la ciudad con más asesinatos (625) de esta naturaleza, Michoacán, situado en el décimo lugar en las estadísticas oficiales con 560 ejecuciones hasta el 31 de julio de este año, sea un estado de “accidentes”.
A pesar de los enfrentamientos cotidianos en diversos puntos del estado, los encobijados, los colgados, los tirados en barrancos, los halcones y tiradores asesinados, todos aquellos de quienes no se vuelve a saber, la zozobra que se vive en pueblos enteros, los ataques a militares y corporaciones policiacas, la presencia de los llamados grupos de autodefensa y la pugna que mantienen diferentes organizaciones por el control de un territorio tan codiciado como Michoacán, destaca que según la Secretaría de Gobernación, éste sea el estado líder en cuanto a homicidios con mil 647, pero de esa cifra, mil 161 son considerados culposos y 486 son dolosos. Es decir que, según la Segob, mil 161 personas murieron en accidentes y sólo 486 fallecieron asesinadas; pero algo salta a la vista: ¿Y la cifra estadística de 560? Ah, pues sucede que la Federación cuantifica sólo el número de averiguaciones previas iniciadas, y hay que recordar que en una averiguación previa pueden estar incluidas una, dos, tres o muchas más víctimas, pues se consigna el hecho, y en un suceso violento pueden morir uno o miles de seres humanos, y esto contempla los asesinatos comunes, pero también los desmembrados, los muertos en enfrentamientos, las fosas clandestinas descubiertas y las ejecuciones masivas (los 72 de San Fernando, Tamaulipas, por ejemplo).

Las cifras anteriores me dan la idea de que el gobierno, o piensa que en Michoacán somos muy idiotas y nos la pasamos cayéndonos y chocando unos con otros, o le encanta hacerle al ídem para no reconocer que el estado se desmorona, que la poca gobernabilidad que queda está sostenida por alfileres, que la economía está en franca desaceleración y que los empleos cada vez son menos y peor pagados, y más a raíz de las “reformas estructurales” (que de hecho lo son, pues son dinamita en la estructura moral y económica de la sociedad).

Frente a esta situación tenemos, no sólo en Michoacán, también en Guerrero, por ejemplo, un total vacío de Estado, pues ante la incapacidad de las autoridades civiles para mantener el orden y la seguridad, es necesario que entren el Ejército y la Marina a hacer las funciones de gendarmes, o que de plano se conformen grupos de autodefensa cuyos recursos para armamento, vehículos y logística son de muy dudosa procedencia, o ¿a cuántos agricultores conoce usted que posean un cuerno de chivo o armas incluso de mayor calibre?
Por todo ello no ha faltado quien, caminando plácidamente por el campo, de manera accidental caiga a un barranco con una bala en la cabeza, como tampoco nos debe sonar extraño que de forma culposa, alguien deje una cartulina sobre un cadáver para decir que eso le va a pasar a todos los distraídos que se les atraviesan a los carros o no se ponen el casco para andar en motocicleta. Y no es nada humorístico lo que estoy diciendo, pues como dice el corrido “Lamberto Quintero”, de Antonio Aguilar: “Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto”. Basta revisar la nota roja en algunos medios estatales para ver cómo, en algunas notas, de repente aparecen personas con un tiro en la cabeza o acribilladas y las autoridades dicen que se desconoce el móvil del crimen, cuando por la vestimenta de los infortunados, el vehículo que tripulaban, el calibre utilizado, la forma en que fueron ultimados o incluso la zona del hallazgo, el móvil se sobreentiende y deducimos que no es accidente ni un hecho aislado.
Y entonces, con una estrategia de oropel y mucho dinero despilfarrado en comerciales, el gobierno federal trata de suavizar la situación que vive el país con cifras alentadoras y peroratas motivacionales muy al estilo de México año 2000, utopía tercermundista estelarizada por Héctor Lechuga. Y por eso vemos que la Cruzada Nacional contra el Hambre se nos vende como la panacea para detonar el desarrollo social, cuando no es más que una medida populista para mantener a la ciudadanía sujeta al gobierno, pues el verdadero desarrollo social sólo se alcanza cuando la sociedad se desarrolla a través de la generación de empleos, educación de calidad (que no es lo mismo que se pretende con la Reforma Educativa), con una economía sólida, con certidumbre laboral y seguridad pública, y que ésta no se confunda con una dependencia que ostenta ese nombre, pues la seguridad debe ser un bien social, incluso en los accidentes.

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