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25 de abril de 2014

Los nuevos desempleados




El reciente despido de 97 agentes estatales en un proceso que a todas luces se presenta como irregular, pone de manifiesto el punto hasta el cual las instituciones están minadas por la corrupción y el grado de colusión con el crimen de los mandos medios y superiores, que son quienes muchas veces se quedan con el botín. Todo este asunto es bastante extraño porque, aunque muchos de ellos mostraron sus certificados como policías acreditables y otros adujeron que ni siquiera se les ha aplicado dicha prueba, fueron despedidos con el argumento de que no habían pasado estos exámenes. El asunto es que con esa acción ahora tenemos a 97 flamantes desempleados más (felicidades, señor gobernador, es usted un campeón), desempleados que, hay que decirlo, conocen el manejo de armas y vehículos, tienen capacitación y experiencia en este tema y no requieren ser adiestrados por quien pudiera contratarlos con diversos fines, y no hablo de otras corporaciones de seguridad públicas o privadas puesto que, además de ser despedidos, estos elementos fueron boletinados para impedirles trabajar.
Ante este panorama, ¿qué les espera a los 97 agentes cesados?, cuando sabemos que muchos, que tienen más de 20 años de servicio, muy difícilmente encontrarán empleo en otra cosa, pero que por la misma naturaleza de su labor conocen gente que conoce gente, así que no sería tan difícil enrolarse en un grupo ilícito. No es que esté dando por hecho que eso sucederá, pero si les ofrecen apenas diez o 20 mil pesos como indemnización por los años de servicio y prácticamente diciéndoles, mediante amenazas, “y di que te fue bien”, recordemos que, como dicen en mi pueblo, el hambre es canija y más el que se la aguanta, y mucha gente, con tal de asegurar el sustento para su familia, es capaz de muchas cosas.
Por otro lado, el hecho de que sus mandos medios exigieran a cada elemento una cuota de 200 pesos por concepto de mordidas, nos hace pensar que quizás el agente de Tránsito que detiene a un conductor con cualquier pretexto no es el malo de la historia, sino que es una víctima más. En este sentido vale preguntar quiénes son esos mandos medios y si el dinero recaudado por medio del soborno se queda ahí o va a parar a otras esferas de poder, si llega hasta los mandos superiores (secretario de Seguridad Pública incluido) o, como en otros tantos rubros, se destina a grupos delictivos que operan en el estado. Todo eso sin contar la venta de plazas o el dinero exigido por el cambio de lugar de trabajo o el uso de unidades.
Cierto es que hubo mucha gente que celebró el despido de estos 97 policías y es lógico, pues este sector, con los normalistas, democráticos y la delincuencia organizada, es de los menos estimados por la sociedad, fama ganada a pulso por la corrupción que históricamente ha imperado en todas las corporaciones policiacas, los abusos, las violaciones a los derechos humanos, la colusión con bandas criminales y demás tropelías en que muchos policías incurren, pero también hay policías buenos, y lo sé porque he cultivado algunas amistades en el gremio, lo que me ha convencido de que a pesar de la podredumbre en las instituciones de seguridad de este país, no todos los elementos son El Negro Durazo.
Ante este panorama, lo que a los ciudadanos nos corresponde es, en caso de ser detenidos por un agente estatal, actuar como con los niños que piden limosna. Sabemos que los niños y ancianos que laboran en el mercado de la mano estirada muchas veces son explotados, por lo que el dinero no es para el famoso taco que quieren, sino para vivales que se aprovechan de ellos y los mandan a pedir limosna, poniéndoles incluso una tarifa diaria; ante esto, los ciudadanos hemos aprendido a no darles dinero para no seguir solapando a vividores que los regentean como si de prostitutas se tratara. Lo mismo debemos hacer cuando un agente nos detenga: sabemos que el dinero del soborno no es algo extra que él se “gana”, sino que es para un mando medio o superior que desde su escritorio dispone de los empleados de todos nosotros y de los bienes públicos para enriquecerse o enriquecer a otros, por lo que lo más justo, como siempre ha sido, es que en lugar de reaccionar con el típico “écheme la mano oficial”, con madurez cívica recibamos de buen grado nuestra infracción si es que incurrimos en una falta a la normatividad vial (y vaya que en esta ciudad sobran los infractores) y paguemos nuestra multa en el lugar donde a esos vividores con poder les resultará más difícil robar.
Ahora lo que corresponde es que, derivado de las quejas que estos policías interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inicien investigaciones para castigar a quienes son señalados como destinatarios del dinero producto de los sobornos, pero para eso se requiere que el Poder Ejecutivo y el Judicial hagan su trabajo pues, aunque llenen el estado de policías de la capital del país o del Estado de México, nada cambiará porque lo podrido está aquí.

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