El
reciente despido de 97 agentes estatales en un proceso que a todas luces se
presenta como irregular, pone de manifiesto el punto hasta el cual las
instituciones están minadas por la corrupción y el grado de colusión con el
crimen de los mandos medios y superiores, que son quienes muchas veces se
quedan con el botín. Todo este asunto es bastante extraño porque, aunque muchos
de ellos mostraron sus certificados como policías acreditables y otros adujeron
que ni siquiera se les ha aplicado dicha prueba, fueron despedidos con el argumento
de que no habían pasado estos exámenes. El asunto es que con esa acción ahora
tenemos a 97 flamantes desempleados más (felicidades, señor gobernador, es
usted un campeón), desempleados que, hay que decirlo, conocen el manejo de
armas y vehículos, tienen capacitación y experiencia en este tema y no
requieren ser adiestrados por quien pudiera contratarlos con diversos fines, y
no hablo de otras corporaciones de seguridad públicas o privadas puesto que,
además de ser despedidos, estos elementos fueron boletinados para impedirles
trabajar.
Ante
este panorama, ¿qué les espera a los 97 agentes cesados?, cuando sabemos que
muchos, que tienen más de 20 años de servicio, muy difícilmente encontrarán
empleo en otra cosa, pero que por la misma naturaleza de su labor conocen gente
que conoce gente, así que no sería tan difícil enrolarse en un grupo ilícito. No
es que esté dando por hecho que eso sucederá, pero si les ofrecen apenas diez o
20 mil pesos como indemnización por los años de servicio y prácticamente diciéndoles,
mediante amenazas, “y di que te fue bien”, recordemos que, como dicen en mi
pueblo, el hambre es canija y más el que se la aguanta, y mucha gente, con tal
de asegurar el sustento para su familia, es capaz de muchas cosas.
Por
otro lado, el hecho de que sus mandos medios exigieran a cada elemento una
cuota de 200 pesos por concepto de mordidas,
nos hace pensar que quizás el agente de Tránsito que detiene a un conductor con
cualquier pretexto no es el malo de la historia, sino que es una víctima más.
En este sentido vale preguntar quiénes son esos mandos medios y si el dinero
recaudado por medio del soborno se queda ahí o va a parar a otras esferas de
poder, si llega hasta los mandos superiores (secretario de Seguridad Pública
incluido) o, como en otros tantos rubros, se destina a grupos delictivos que
operan en el estado. Todo eso sin contar la venta de plazas o el dinero exigido
por el cambio de lugar de trabajo o el uso de unidades.
Cierto
es que hubo mucha gente que celebró el despido de estos 97 policías y es lógico,
pues este sector, con los normalistas, democráticos y la delincuencia
organizada, es de los menos estimados por la sociedad, fama ganada a pulso por
la corrupción que históricamente ha imperado en todas las corporaciones
policiacas, los abusos, las violaciones a los derechos humanos, la colusión con
bandas criminales y demás tropelías en que muchos policías incurren, pero
también hay policías buenos, y lo sé porque he cultivado algunas amistades en
el gremio, lo que me ha convencido de que a pesar de la podredumbre en las
instituciones de seguridad de este país, no todos los elementos son El Negro Durazo.
Ante
este panorama, lo que a los ciudadanos nos corresponde es, en caso de ser
detenidos por un agente estatal, actuar como con los niños que piden limosna.
Sabemos que los niños y ancianos que laboran en el mercado de la mano estirada
muchas veces son explotados, por lo que el dinero no es para el famoso taco que
quieren, sino para vivales que se aprovechan de ellos y los mandan a pedir
limosna, poniéndoles incluso una tarifa diaria; ante esto, los ciudadanos hemos
aprendido a no darles dinero para no seguir solapando a vividores que los
regentean como si de prostitutas se tratara. Lo mismo debemos hacer cuando un agente
nos detenga: sabemos que el dinero del soborno no es algo extra que él se
“gana”, sino que es para un mando medio o superior que desde su escritorio
dispone de los empleados de todos nosotros y de los bienes públicos para
enriquecerse o enriquecer a otros, por lo que lo más justo, como siempre ha
sido, es que en lugar de reaccionar con el típico “écheme la mano oficial”, con
madurez cívica recibamos de buen grado nuestra infracción si es que incurrimos
en una falta a la normatividad vial (y vaya que en esta ciudad sobran los
infractores) y paguemos nuestra multa en el lugar donde a esos vividores con
poder les resultará más difícil robar.
Ahora
lo que corresponde es que, derivado de las quejas que estos policías
interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inicien
investigaciones para castigar a quienes son señalados como destinatarios del
dinero producto de los sobornos, pero para eso se requiere que el Poder
Ejecutivo y el Judicial hagan su trabajo pues, aunque llenen el estado de policías
de la capital del país o del Estado de México, nada cambiará porque lo podrido
está aquí.